Sonora, el mas atrasado en acceso a la información pública: IFAI
Kiosco Mayor / Redacción
Es el único donde ni siquiera ingresa aun la iniciativa para adecuar su ley a la federal. Otros que tampoco modifican: las dos Baja´s, Campeche, Guerrero, Michoacán y Tlaxcala
Ciudad de México
Septiembre 24 de 2008. Miércoles
Sonora es el estado mas atrasado en materia de acceso a la información pública, porque en esta entidad ni siquiera ha dado entrada a la iniciativa para homologar su ley con las adecuaciones federales, aseguró Alonso Lujambio Irazábal.
Al inaugurar aquí la quinta Semana Nacional de Transparencia, el titular del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), informó además que a dos meses de haberse vencido el plazo para realizar las modificaciones, son seis entidades más las que presentan lentitud en la calificación de la iniciativa: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Tlaxcala, Guerrero y Michoacán.
Por el contrario, el funcionario destacó que los restantes 25 estados de la Federación, sus respectivos Congresos cumplieron en tiempo y forma con la alineación de sus leyes a la exigencia constitucional aprobada en 2007.
Lujambio Irazábal mencionó que se encuentran pendientes aun mas reformas y sobre todo, la creación de los órganos que garanticen la transparencia en el Poder Judicial, en ambas cámaras legislativas.
"La gran obra del constituyente permanente está en marcha, sin embargo, falta coronarla con el broche de oro del sistema de órganos garantes del conjunto de los poderes federales", indicó.
El Ombudsman de la transparencia fustigó a la Procuraduría General de la República, por ser el único órgano en optar por no responder las resoluciones del IFAI, principalmente en el tema de averiguaciones previas concluidas.
A pesar de estos inconvenientes, dijo el titular del organismo, resaltó que la cultura del acceso a la información va aumentando lo cual ha quedado demostrado por el cada vez mas creciente número de solicitudes.
Friday, September 26, 2008
Tuesday, September 23, 2008
El proyecto atravesaría regiones en las que viven decenas de miles de indígenas tzeltales
Causa problemas sociales y políticos el trazo de la carretera San Cristóbal-Palenque
Se suma la afectación a las tierras de organizaciones simpatizantes y opositoras al zapatismo
Hermann Bellinghausen (Enviado)
La Jornada.
La Jornada.
San Cristóbal de las Casas, Chis., 22 de septiembre. El proyecto de la autopista que uniría de manera expedita y cómoda a las dos ciudades más turísticas de Chiapas, San Cristóbal de las Casas y Palenque, plantea un problema social y político para decenas, tal vez centenas de miles de indígenas que ancestralmente han vivido en las regiones que atravesaría el ambicioso proyecto. Y también una pregunta de alcance ético: ¿qué es más importante, la integridad de las comunidades o el “desarrollo” de los negocios de empresas e inversionistas que no viven en esos territorios ni tienen ningún derecho sobre ellos?
Las autoridades federales y el gobierno de Chiapas, seriamente interesados en dicho desarrollo, parecen intentar una estrategia que pudiera evitarles problemas con los pobladores del área. Digamos que intentan prevenirse del síndrome Atenco (cuando los pobladores de un territorio se oponen a determinados planes desarrollistas del Estado y sus socios nacionales e internacionales).
Para colmo, no se trata de un territorio cualquiera. Por un lado, comprende las montañas donde por siglos se ha desarrollado la cultura tzeltal, tal vez la más fuerte del mundo maya mexicano. Y por el otro, afectará ciertamente a un número significativo de comunidades zapatistas, de la Otra Campaña, o de organizaciones independientes no necesariamente manipulables por el gobierno de Chiapas.
Los conflictos y la violencia registrada en los años recientes en el área del río Agua Azul, que ocupa un lugar preponderante en los planes del desarrollo turístico, se vinculan directamente con los dilemas del plan gubernamental. La actuación de un grupo oficialista de rasgos paramilitares, la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), hostil a las bases de apoyo del EZLN, no pueden disociarse de los poderosos intereses en juego.
Ante ello y en ejercicio del derecho ciudadano a requerir información gubernamental, un grupo de personas solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) una “copia certificada en la que se ubica el trazo de la autopista San Cristóbal-Palenque, que incluya además la ubicación de los poblados afectados”.
La solicitud siguió la siguiente ruta, a partir del 1º de abril de este año: la Unidad de Enlace de la SCT la turnó al servidor de enlace en la subsecretaría de Infraestructura, quien a su vez la remitió a la Dirección General de Carreteras, para que “localizara” la información. Esta dirección contestó nueve días después que “el proyecto de carretera se encuentra en primera fase, que comprende selección de rutas, anteproyecto”.
Y apuntó: “Es importante mencionar que la información que se tiene y la que se llegase a generar se clasifica como reservada para que no se especule con el derecho de vía”. (O sea, no hay información y aunque la hubiera, la respuesta sería “no”). El 23 de abril, el Comité de Información resolvió reservarse esos datos por dos años más.
El “solicitante” interpuso un recurso de revisión el 7 de mayo, a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), en el expediente 1779/08. El 9 de julio, el pleno del IFAI resolvió “modificar la respuesta de la SCT” para que esta “notifique” el hecho y exponga “los oficios con los cuales soportó el procedimiento de inexistencia” de información sobre la autopista.
El director general de Carreteras, ingeniero Clemente Poon Hung, dirigió un oficio al licenciado Joaquín García Díaz, titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia el 6 de agosto, confirmando dicha “inexistencia”. “Por unanimidad de votos”, los integrantes del Comité de Información de la SCT (Fernando Villa Zárate, Agustín Ramírez Ramírez y Joaquín García Díaz) resolvieron el 13 de agosto notificar lo anterior a los solicitantes.
Las autoridades federales y el gobierno de Chiapas, seriamente interesados en dicho desarrollo, parecen intentar una estrategia que pudiera evitarles problemas con los pobladores del área. Digamos que intentan prevenirse del síndrome Atenco (cuando los pobladores de un territorio se oponen a determinados planes desarrollistas del Estado y sus socios nacionales e internacionales).
Para colmo, no se trata de un territorio cualquiera. Por un lado, comprende las montañas donde por siglos se ha desarrollado la cultura tzeltal, tal vez la más fuerte del mundo maya mexicano. Y por el otro, afectará ciertamente a un número significativo de comunidades zapatistas, de la Otra Campaña, o de organizaciones independientes no necesariamente manipulables por el gobierno de Chiapas.
Los conflictos y la violencia registrada en los años recientes en el área del río Agua Azul, que ocupa un lugar preponderante en los planes del desarrollo turístico, se vinculan directamente con los dilemas del plan gubernamental. La actuación de un grupo oficialista de rasgos paramilitares, la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), hostil a las bases de apoyo del EZLN, no pueden disociarse de los poderosos intereses en juego.
Ante ello y en ejercicio del derecho ciudadano a requerir información gubernamental, un grupo de personas solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) una “copia certificada en la que se ubica el trazo de la autopista San Cristóbal-Palenque, que incluya además la ubicación de los poblados afectados”.
La solicitud siguió la siguiente ruta, a partir del 1º de abril de este año: la Unidad de Enlace de la SCT la turnó al servidor de enlace en la subsecretaría de Infraestructura, quien a su vez la remitió a la Dirección General de Carreteras, para que “localizara” la información. Esta dirección contestó nueve días después que “el proyecto de carretera se encuentra en primera fase, que comprende selección de rutas, anteproyecto”.
Y apuntó: “Es importante mencionar que la información que se tiene y la que se llegase a generar se clasifica como reservada para que no se especule con el derecho de vía”. (O sea, no hay información y aunque la hubiera, la respuesta sería “no”). El 23 de abril, el Comité de Información resolvió reservarse esos datos por dos años más.
El “solicitante” interpuso un recurso de revisión el 7 de mayo, a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), en el expediente 1779/08. El 9 de julio, el pleno del IFAI resolvió “modificar la respuesta de la SCT” para que esta “notifique” el hecho y exponga “los oficios con los cuales soportó el procedimiento de inexistencia” de información sobre la autopista.
El director general de Carreteras, ingeniero Clemente Poon Hung, dirigió un oficio al licenciado Joaquín García Díaz, titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia el 6 de agosto, confirmando dicha “inexistencia”. “Por unanimidad de votos”, los integrantes del Comité de Información de la SCT (Fernando Villa Zárate, Agustín Ramírez Ramírez y Joaquín García Díaz) resolvieron el 13 de agosto notificar lo anterior a los solicitantes.
La dependencia rehúsa entregar por escrito datos solicitados vía IFAI
Tapa SCT negocios de Mouriño, denuncian diputados del PRD
Ciro Pérez Silva
La Jornada, 23 de Septiembre de 2008.
La Jornada, 23 de Septiembre de 2008.
Aun cuando los datos oficiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) revelan que la empresa de Transportes Especializados Ivancar SA de CV, propiedad de la familia Mouriño, obtuvo el mayor número de permisos cuando el ahora secretario de Gobernación se desempeñaba como subsecretario de Energía, la SCT se ha empeñado en “ocultar” dicha información y no proporcionarla por escrito, como ha exigido el Instituto Federal de Acceso a la Información pública (IFAI), denunciaron diputados del PRD.
De acuerdo con los legisladores, la empresa familiar de Juan Camilo Mouriño obtuvo, cuando éste fue diputado federal, dos permisos; como asesor de la Sener, la firma Ivancar obtuvo dos y ya como subsecretario de Energía, 30 permisos.
Con la información disponible en el portal de la SCT, los legisladores detectaron que a la empresa le otorgaron diversos permisos para prestar el servicio de autotransporte federal de carga, en la modalidad de Materiales Peligrosos y sus Residuos, por lo que el 13 de marzo pasado se formalizó una solicitud a la SCT a través del IFAI.
El 27 de marzo respondió el IFAI que los legisladores tendrían que recoger la información en las instalaciones de la SCT, aunque, afirman, datos proporcionados esa fecha por la secretaría distan mucho de lo que se solicitó originalmente, por las siguientes razones.
De una parte, la SCT reconoce en su página de Internet que otorgó 34 permisos a Transportes Especializados Ivancar; sin embargo sólo les entregó copia simple de uno; la copia entregada por la SCT consta de tres hojas tamaño carta, aunque es evidente que el permiso original estaba impreso en papel oficio, por lo que es difícil dar continuidad a la lectura debido a que las copias entregadas están incompletas.
Finalmente, dijeron, llama la atención que al fotocopiar los permisos en tamaño carta quedan fuera de registro las firmas de funcionarios que otorgaron los mismos y la fecha en que fueron entregados.
“Lo que aparentemente queda claro de la información que aparece en la página de Internet de la SCT es que a medida que fue escalando posiciones, partiendo de su puesto de legislador federal en 2001 hasta su función de subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía en 2005, los permisos otorgados a Ivancar se fueron incrementando”, sostienen los legisladores.
Debido a que la información de la SCT no correspondía con lo solicitado, añaden los legisladores, el 3 de abril de 2008 se presentó ante el IFAI un recurso de revisión, al que respondió la dependencia el 6 de mayo para citar al representante de los legisladores, Joaquín Tórrez Osorno, a efecto de recibir la documentación completa.
“El 7 de mayo acudí a la SCT y me entrevisté con el licenciado Antonio Rodríguez Rey, de la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información de la SCT, quien me ofreció la información que le fue proporcionada por la delegación en Campeche de la secretaría. Esta información no corresponde tampoco a lo que se solicitó ya que no incluye los permisos otorgados a Ivancar, SA de CV en 2004 y 2005. En cambio, se me entregaron copias de permisos que datan de 1999 y que no están registrados en la relación que aparece en la página de Internet de la SCT”, destaca.
Ante la explicación verbal que le dieron al representante de los legisladores perredistas, y que consistió en que “en la página de Internet de la Secretaría aparecen todos los permisos que se otorgaron a Ivancar desde 1999 pero se registraron en 2005”, se solicitó que tal afirmación se asentara por escrito, lo cual no hicieron.
De lo anterior, advierten los legisladores, “se desprende que o bien la información que aparece en Internet sobre los permisos otorgados a Ivancar es falsa y, por ende, amerita una acción legal por presentar como cierta y oficial una serie de datos que no corresponden a la realidad, o la información es cierta pero se trata de ocultar con una mentira para proteger a Ivancar y de esa manera no entregar la información originalmente solicitada”.
En documento entregado vía correo electrónico, la SCT reconoce que Ivancar posee 48 permisos para transportar material peligroso y, según las estadísticas del Autotransporte Federal de Carga de la misma secretaría, en Campeche existen 147 vehículos de carga especializada. “En cualquier caso, la SCT miente y lo hace para mantener ocultos los permisos otorgados a Ivancar, y simultáneamente dar cobertura a Juan Camilo Mouriño”, sostienen.
De acuerdo con los legisladores, la empresa familiar de Juan Camilo Mouriño obtuvo, cuando éste fue diputado federal, dos permisos; como asesor de la Sener, la firma Ivancar obtuvo dos y ya como subsecretario de Energía, 30 permisos.
Con la información disponible en el portal de la SCT, los legisladores detectaron que a la empresa le otorgaron diversos permisos para prestar el servicio de autotransporte federal de carga, en la modalidad de Materiales Peligrosos y sus Residuos, por lo que el 13 de marzo pasado se formalizó una solicitud a la SCT a través del IFAI.
El 27 de marzo respondió el IFAI que los legisladores tendrían que recoger la información en las instalaciones de la SCT, aunque, afirman, datos proporcionados esa fecha por la secretaría distan mucho de lo que se solicitó originalmente, por las siguientes razones.
De una parte, la SCT reconoce en su página de Internet que otorgó 34 permisos a Transportes Especializados Ivancar; sin embargo sólo les entregó copia simple de uno; la copia entregada por la SCT consta de tres hojas tamaño carta, aunque es evidente que el permiso original estaba impreso en papel oficio, por lo que es difícil dar continuidad a la lectura debido a que las copias entregadas están incompletas.
Finalmente, dijeron, llama la atención que al fotocopiar los permisos en tamaño carta quedan fuera de registro las firmas de funcionarios que otorgaron los mismos y la fecha en que fueron entregados.
“Lo que aparentemente queda claro de la información que aparece en la página de Internet de la SCT es que a medida que fue escalando posiciones, partiendo de su puesto de legislador federal en 2001 hasta su función de subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía en 2005, los permisos otorgados a Ivancar se fueron incrementando”, sostienen los legisladores.
Debido a que la información de la SCT no correspondía con lo solicitado, añaden los legisladores, el 3 de abril de 2008 se presentó ante el IFAI un recurso de revisión, al que respondió la dependencia el 6 de mayo para citar al representante de los legisladores, Joaquín Tórrez Osorno, a efecto de recibir la documentación completa.
“El 7 de mayo acudí a la SCT y me entrevisté con el licenciado Antonio Rodríguez Rey, de la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información de la SCT, quien me ofreció la información que le fue proporcionada por la delegación en Campeche de la secretaría. Esta información no corresponde tampoco a lo que se solicitó ya que no incluye los permisos otorgados a Ivancar, SA de CV en 2004 y 2005. En cambio, se me entregaron copias de permisos que datan de 1999 y que no están registrados en la relación que aparece en la página de Internet de la SCT”, destaca.
Ante la explicación verbal que le dieron al representante de los legisladores perredistas, y que consistió en que “en la página de Internet de la Secretaría aparecen todos los permisos que se otorgaron a Ivancar desde 1999 pero se registraron en 2005”, se solicitó que tal afirmación se asentara por escrito, lo cual no hicieron.
De lo anterior, advierten los legisladores, “se desprende que o bien la información que aparece en Internet sobre los permisos otorgados a Ivancar es falsa y, por ende, amerita una acción legal por presentar como cierta y oficial una serie de datos que no corresponden a la realidad, o la información es cierta pero se trata de ocultar con una mentira para proteger a Ivancar y de esa manera no entregar la información originalmente solicitada”.
En documento entregado vía correo electrónico, la SCT reconoce que Ivancar posee 48 permisos para transportar material peligroso y, según las estadísticas del Autotransporte Federal de Carga de la misma secretaría, en Campeche existen 147 vehículos de carga especializada. “En cualquier caso, la SCT miente y lo hace para mantener ocultos los permisos otorgados a Ivancar, y simultáneamente dar cobertura a Juan Camilo Mouriño”, sostienen.
Thursday, September 18, 2008
Premio Regional de Ensayo
El ITEI otorga un medio para alzar la voz
Los órganos garantes de acceso a la información buscan la opinión de la sociedad sobre este derecho de los mexicanos
GUADALAJARA, JALISCO.- Es a través de un ensayo que el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI) -y los órganos garantes de Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Colima y Nayarit-, pretende conocer cuál es el sentir de la población con respecto a la posibilidad que tiene todo ciudadano de acceder a la información de los gobiernos o cualquier otro organismo público.Al mismo tiempo, es la oportunidad para que la gente de a conocer su opinión con respecto a este derecho que, a pesar de estar en la Constitución desde hace años, hasta hace poco tiempo se aplica en todo el país.Pero lo más importante es que a través de este intercambio de información, los mejores ensayos serán reconocidos con un premio de siete mil, 15 mil o 30 mil pesos, para el tercer, segundo y primer lugar, respectivamente.Andrea Zarzosa Codocedo, directora de Vinculación y Estudios del ITEI, advierte que este llamado forma parte del Segundo Premio Regional de Ensayo sobre Transparencia y Acceso a la Información, y si bien se vislumbra como un simple certamen, sus alcances son mayores, toda vez que representa para los organismos garantes la forma de acercarse a la opinión de aquellos por los que lucha, los ciudadanos.Añade que en esta ocasión se decidió abrir la convocatoria, dando oportunidad a personas de todas las edades a participar con sus ensayos, lo cuales deberán tener una extensión de 10 a 20 cuartillas, escritas a máquina o en computadora, con espacio doble y letra arial de 12 puntos.Los temas a desarrollar son: “El derecho de acceso a la información en México y la reforma al artículo sexto constitucional”, “Autonomía constitucional de los órganos garantes del derecho de acceso a la información pública”, “Mecanismos de defensa de los órganos garantes”, “Protección de datos personales”, “Transparencia y rendición de cuentas en los gobiernos locales”, “Combate a la corrupción” y “Uso de tecnologías en el acceso a la información pública”.Los ensayos serán recibidos en las oficinas del ITEI (Miguel Cervantes Saavedra 19, colonia Ladrón de Guevara) de 9:00 a 17:00 horas. La presente convocatoria cierra el 30 de septiembre próximo a las 15:00 horas. Los interesados deben acudir con el material impreso con dos copias y una más en formato electrónico, firmado con seudónimo. Anexo deberán presentar un sobre con sus datos personales (nombre completo, domicilio, copia del IFE, licencia de conducir o pasaporte) y copia de un documento oficial que acredite origen o residencia en alguno de los estados convocantes.Zarzosa Codocedo, advirtió que en la edición pasada de este certamen, se recibieron de Jalisco 84 trabajos, y este año esperan llegar a los 100 participantes.La funcionaria destacó la relevancia de participar en este certamen, porque es la oportunidad para los ciudadanos de alzar la voz a favor de sus propios derechos.EL INFORMADOR * A. GARCÍA
Apoya la CAIP a la SFA para ocultar información sobre ex gobernadores
La Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) consideró correcta la decisión de la Secretaría de Finanzas y Administración de no revelar el sueldo desglosado por año de los últimos cuatro gobernadores del estado de Puebla.
Durante la sesión pública del pasado lunes, con dos votos a favor y uno en contra, los comisionados del órgano garante de la transparencia en el estado rechazaron el recurso de revisión interpuesto por un ciudadano que solicitó el salario del gobernador y de los últimos tres ex mandatarios estatales, desglosado por año, compensaciones, despensa, percepción bruta, ISTP, ISSSTEP, seguro de vida, total de deducciones, percepción neta, prima vacacional, vacaciones y aguinaldo.
La petición fue hecha ante la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA). La unidad de enlace en la dependencia estatal contestó a la solicitud que la información de los ex mandatarios Mariano Piña Olaya, Manuel Bartlett Díaz y Melquiades Morales Flores ya no se encontraba en los archivos de la SFA.
Finanzas también le respondió al solicitante que de acuerdo con el 804 de la Ley Federal del Trabajo el patrón solamente tiene la obligación de guardar los comprobantes un año después de que se ha extinguido la relación laboral, razón por la cual SFA negó tener información al respecto
Respecto al actual titular del Poder Ejecutivo, Finanzas respondió que en la página en internet del gobierno del estado aparece la información solicitada. Pero en la dirección electrónica referida, no aparece la información como el solicitante la deseaba, en su lugar aparece un tabulador de las percepciones mensuales, en importes brutos, de los funcionarios estatales que están dentro de los siete primeros escaños en la estructura orgánica de la administración pública. La tabla mencionada describe que el gobernador percibe 147 mil 183.26 pesos mensuales.
Ante estas respuestas, el ciudadano interpuso, a través de un recurso de revisión, que debido a que la SFA no tenía la información, la dependencia debería enviarlo a quien sí tuviera dichos datos, pues en la página de internet, a donde fue remitido, no aparece la información como la pidió.
Sin embargo, cuando el comisionado Samuel Rangel presentó el proyecto de resolución tanto él como el presidente Antonio Juárez Acevedo votaron a favor de que la respuesta de la Secretaría de Finanzas para el solicitante había sido correcta. La Comisionada Josefina Buxadé Castelán votó en contra.
En entrevista con La Jornada de Oriente la funcionaria explicó que aunque Finanzas no tuviera la copia de los recibos sí tiene el archivo de nómina en el que se firma de recibido el sueldo. Por tanto, sí tiene la información de todos los sueldos de los funcionarios. Comentó que otra estrategia mediante la cual se le debe proveer la información al solicitante, sería a través de una solicitud al gobierno del estado directamente, pues el gobernador tiene en su recibo de nómina la información desglosada.
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